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La Asociación Agraria de Galicia (Asaga) expresa su solidaridad con el colectivo veterinario de la comunidad, que se siente agraviado con la aplicación de la nueva legislación en materia de medicamentos y productos sanitarios Una normativa del Gobierno de España que actualiza la anterior incorporando diversos aspectos especialmente relativos a la prestación farmacéutica, su financiación y cuestiones relativas a la generación de competencia.
Los veterinarios han expresado públicamente que la nueva norma, en lo que se refiere a medicamentos veterinarios, no respeta el juicio facultativo o criterio clínico del colectivo “basados ambos en la evidencia científica”.
Asaga es consciente de que todas las leyes aprobadas en nuestro país en materia de prescripción y dispensación de fármacos, tanto en humanos como en veterinaria, establecen una división entre ambas facultades para evitar conflictos de intereses y, en este sentido, “considera importante que siga haciéndose así”.
Carácter restrictivo en la trasposición de la norma
En todo caso, la organización cree que el carácter de la regulación española mediante el Real Decreto 666/2023 a la hora de trasponer un reglamento comunitario es demasiado estricto y difiere de cómo se aplica la norma en otros países del entorno. Dado el carácter restrictivo de la aplicación de la norma en España.
Existe un sistema de control del uso de los medicamentos antimicrobianos (ESUAVET) dependiente de la AEMPS, que ampararía una moratoria para analizar la viabilidad del sistema PRESVET, en lo que se refiere a la obligación de notificación que incumbe a los profesionales veterinarios. Sin embargo, la normativa ya ha comenzado a aplicarse “sin tener en cuenta esta petición de moratoria que la Asociación Agraria de Galicia apoyaba”, según señala su presidente, Francisco Bello.
En todo caso, desde Asaga se hace un llamamiento al consenso y al entendimiento entre diferentes ramas sanitarias para “evitar fricciones que puedan acabar perjudicando la salud de todos”.