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La Asociación Agraria de Galicia se reunió esta mañana en la Xunta de Galicia con el presidente, Alfonso Rueda, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, y el representante de Unións Agrarias para acordar una declaración conjunta de respaldo a una aplicación práctica reforzada del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y sobre las cláusulas de salvaguardia. En la reunión se definió un paquete de exigencias y garantías mínimas, de modo que su posible entrada en vigor se traduzca en una protección real y efectiva del sector agroganadero gallego.
El presidente de ASAGA, Francisco Bello, resaltó a la salide del encuentro que, con este documento, “Galicia se sitúa por delante de otras comunidades”. “Más allá de si el acuerdo UE-Mercosur es bueno o malo, debemos iniciar una conversación sobre cómo aplicarlo”.
El texto remite al reciente acuerdo de libre comercio firmado entre la Unión Europea y los países que conforman el Mercosur, que está suscitando reticencias entre los profesionales del sector agroalimentario. El acuerdo, negociado durante más de 25 años, se firmó el pasado mes de enero, pero está pendiente de que la UE decida si lo aplica provisionalmente, al estar pendiente de que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE sobre su legalidad. En tanto se toma esta decisión, esta semana el pleno del Parlamento Europeo sacó adelante un paquete de cláusulas de salvaguardia, destinadas a proteger al sector primario europeo frente a la entrada de productos de los países del Mercosur.
“Valoramos esta declaración conjunta y su gran relevancia para los productores gallegos, dado que los firmantes nos anticipamos en proponer tanto a la UE como al Gobierno central y a la propia Xunta de Galicia una batería de demandas, recursos y herramientas con la exigencia de garantías claras de cumplimiento que minimicen cualquier impacto futuro del acuerdo”, resumió Bello.
Acuerdo
Desde ASAGA se entiende que la preocupación y el rechazo que este acuerdo está generando “no se debe tanto a los contingentes que se importarán, sino a cómo se van a aplicar en la práctica las cláusulas de salvaguardia”, según explica Bello. En este sentido, la organización recuerda las limitaciones a las importaciones de productos considerados sensibles en el marco del acuerdo y de relevancia para el sector en Galicia, como la carne de vacuno, la de ave o la de cerdo, en las que las toneladas incluidas a arancel reducido oscilan entre el 1,5% y el 0,1% de la producción anual total de la Unión Europea.
Según el texto aprobado hoy en la reunión entre ASAGA, la Xunta y UUAA, el acuerdo UE-Mercosur precisa de una reflexión profunda y un debate riguroso, en el que tener en cuenta tanto la postura europea como la del contexto gallego en particular. El documento destaca el hecho de que la ganadería europea depende de forma significativa de insumos importados, en particular de proteínas vegetales.
Como recuerda el presidente de ASAGA, “este es un factor que incide directamente en la resiliencia de las explotaciones, de tal manera que puede hacerlas más sensibles a la volatilidad de los costes y tener un efecto directo en el equilibrio territorial del modelo productivo europeo. Se trata de un factor especialmente acusado en Galicia, donde la alimentación avícola y porcina tiene una elevada dependencia de las importaciones”. En concreto, se apunta, en el caso de la ganadería de aves y porcino se depende al 91% de importaciones; en el vacuno de leche, al 41%, y en el vacuno de carne, al 26%.
“Esto conlleva un cambio de visión del acuerdo UE-Mercosur, que debe ser contemplado no solo como una vía de importación de productos finales, sino de insumos que garanticen el abastecimiento para las explotaciones propias. Debe funcionar, además, como herramienta de estabilidad de precios y de seguridad alimentaria, pero para esto es esencial que se incluyan mecanismos de control y salvaguardia estrictos y ágiles”, señaló Bello.
Demandas
Las exigencias acordadas hoy por las organizaciones y la Xunta se dirigen tanto a la UE como al Gobierno central. Se demanda al organismo comunitario un cumplimiento estricto de las salvaguardias acordadas y que inicie una investigación urgente si se detecta un incumplimiento. Además, en productos sensibles, se requiere un compromiso de activación de medidas cautelares de 21 días, que resuelva en cuatro meses los posibles problemas, con un cronograma claro y oficial de hitos que contemple otras particularidades. Se solicita que la aplicación práctica del acuerdo reconozca que el daño puede limitarse a una zona geográfica en concreto, como Galicia, sin necesidad de esperar a un problema generalizado a nivel europeo. Además, se avanza en la necesidad de un plan reforzado y verificable de controles en frontera y auditorías en origen, con consecuencias reales si se detecta un incumplimiento.
En el texto también se señala la necesidad de incrementar el fondo de contingencia para crisis y la financiación en la nueva PAC, para paliar los posibles efectos sobre el sector primario europeo.
Francisco Bello incidió, además, en la demanda realizada tanto a la UE como al Gobierno central para que incorporen más indicativos de calidad gallegos dentro de las DOP e IXP protegidas en el acuerdo. «Actualmente solo se contemplan dos, la DO Ribeiro y la de Rías Baixas, a pesar de que Galicia es la tercera comunidad autónoma de España con más indicativos de calidad», recordó.
Dentro de las exigencias al Gobierno central, se pide que se defienda el paquete de garantías presentado por Galicia ante las instancias comunitarias. En línea de lo pedido a la UE, se demanda agilidad en la gestión de sospechas de posibles incumplimientos, con una interlocución técnica estable con la Representación Permanente de España ante la UE (REPER) para dar un retorno periódico a las comunidades autónomas y al sector. A mayores, se solicita la creación de una unidad de seguimiento especializada en el acuerdo, que garantice el seguimiento de las importaciones, precios y canales, y establezca un sistema de alerta temprana.
Otra de las demandas al Gobierno es el establecimiento de un plan de controles de frontera específico para asegurar el cumplimiento de requisitos de los productos importados de terceros países, con un refuerzo de los controles sanitarios, fitosanitarios y de trazabilidad en frontera.
Compromisos
El texto también incluye los compromisos que asumen tanto Asaga como la Xunta de Galicia y UUAA, como son el refuerzo de la estrategia de promoción interna e identificación de los productos gallegos, de cadena de distribución corta y de proximidad; la puesta en marcha del Observatorio de Precios de Galicia; el establecimiento de un procedimiento de escalado rápido para elevar alertas y solicitudes al Gobierno central; el desarrollo de un plan específico que complemente los controles europeos y nacionales y de una estrategia de impulso a exportaciones de productos gallegos; y la mejora de la autonomía alimentaria y base territorial.
Este acuerdo se trasladará en próximas fechas a la Comisión Europea y al Parlamento comunitario, al Gobierno de España —en particular al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación— y a la Representación Permanente de España ante la UE.
