COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN AGRARIA DE GALICIA

El agricultor y el ganadero son los primeros y más importantes eslabones de la cadena agroalimentaria. Sin productores no hay comida en las estanterías de los supermercados. Esto que resulta una obviedad para cualquier persona con dos dedos de frente, parece no importarle lo más mínimo ni a la vicepresidenta Yolanda Díaz ni al ministro Alberto Garzón. Bajo la excusa de que la cesta de la compra ha subido, y ante su inoperancia para tomar medidas efectivas para mejorar la situación, lo único que se les ocurre es proponer un precio máximo de venta al consumidor de determinados productos esenciales.

Poner un tope a los precios, además de ser a todas luces ilegal en la UE, nos llevaría irremediablemente al cierre de miles de explotaciones, al desabastecimiento, al mercado negro, al racionamiento y, en definitiva, al sálvese quien pueda para no pasar hambre. No hay más que ver lo que pasa en los países comunistas tan admirados por estos nefastos gobernantes.

Lo que debería preocupar y ocupar al Gobierno es como se cumplen las leyes que ellos mismos promulgan. Por ejemplo, la reciente “Ley de la Cadena Agroalimentaria” que prohíbe la venta por debajo de los costes de producción y dicta normas para un reparto equitativo del valor entre los distintos actores que intervienen en la cadena; o como se ponen los medios para que los controles y protocolos previstos en la ley se puedan ejecutar y hacer cumplir a todos.

Los productores de alimentos pasamos de ser héroes durante la pandemia, por seguir haciendo nuestro trabajo y alimentando a la población, a villanos por producir más caro. Antes de el Covid, de la guerra y de la inacción del gobierno; un agricultor o un ganadero cobraba menos por lo que vendía y el margen era ridículo, pero ahora, aún cobrando más por lo que produce, todavía tiene menos margen o, en algunos productos, incluso pérdidas puntuales.

Corren malos tiempos para todos, pero la mejor solución sigue siendo el mercado y la ley de la oferta y de la demanda. Eso sí, con reglas y con mecanismos de control legales que eviten abusos desde el productor hasta el consumidor.

Al ciudadano medio hay que agradecerle su confianza y su apuesta por nuestros productos nacionales, y apoyarles desde el Gobierno con políticas efectivas de reducción de impuestos, y no con ocurrencias que nos llevarían al caos.

 

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