La Asociación Agraria de Galicia alerta del “peligro de extinción” que sufren las sociedades de caza

La Asociación Agraria de Galicia apoya a las sociedades de caza ante la grave injusticia que puede poner en peligro su supervivencia. Y es que sólo en este primer mes del año los cazadores ya vieron como dos sentencias judiciales los hacían responsables de los daños provocados por jabalís en explotaciones agrícolas o ganaderas, y los condenaban a pagar los daños a los perjudicados.

El primer caso tuvo lugar el 12 de enero cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vilalba condenó al TECOR de Xermade a abonar 10.171 €, así como los intereses moratorios, al propietario de una explotación bovina por los daños que provocaron en algunas parcelas varios jabalís. Sólo una semana más tarde, el Juzgado de Lalín condenó al TECOR de Dozón a abonar 6.145 €, más intereses, a un ganadero por los daños que los «cerdos bravos» causaron en varias plantaciones de forraje.

Sentencias como estas demuestran que es imprescindible modificar la Ley de Caza de la Xunta, como viene demandando desde hay años la Asociación Agraria de Galicia. Es totalmente inadmisible que el colectivo de los cazadores, a través de las sociedades de caza, tengan que compensar a los ganaderos y agricultores afectados por los daños ocasionados por jabalís, corzos o otras especies de caza mayor. No olvidemos que son los propios aficionados a este deporte los que consiguen paliar en parte los destrozos ocasionados por la fauna salvaje, gracias a las batidas que realizan durante los períodos legalmente permitidos. Es más, si no fuese por los cazadores la situación en el medio rural gallego sería muchísimo peor ya que la superpoblación de especies salvajes invasoras sería imposible de controlar.

Los juzgados de Vilalba y Lalín condenaron a dos tecores a pagar los daños ocasionados por jabalís en explotaciones agrícolas

[heading]Peligro de «extinción»[/heading]

Si no se modifica la Ley de Caza, y si los juzgados continúan condenando a los cazadores, las sociedades de caza se verán abocadas a la desaparición. Si se consumase la “extinción” de estas entidades, el problema al que se enfrentarían los ganaderos y agricultores gallegos sería mucho más difícil. La población de los animales aumentaría notablemente año a año, y los daños se multiplicarían. Unos daños a los que, además, tendría que hacer frente la administración autonómica, ya que los terrenos que dejasen de estar gestionados por las sociedades de caza pasarían a depender directamente de la Xunta. Es decir, la sociedad en general tendría que asumir esos elevadísimos costes.

Entendemos que esta situación sería alarmante en cualquier región, pero más aún en Galicia donde la caza es una actividad social. Actividad, por otra parte, en la que la mayoría de sus participantes también son agricultores y ganaderos. Sería muy difícil entender el media rural en nuestra comunidad sin la presencia de cazadores.