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ASAGA lamenta que el Gobierno no escuche a las regiones afectadas y continúe con la intención de aumentar la protección del lobo

La Asociación Agraria de Galicia no entiende que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico continúe con su pretensión de aumentar el nivel de protección del lobo. Se ya en febrero cuatro comunidades autónomas, Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León; manifestaron su total desacuerdo con esta medida, durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada este miércoles por la tarde aumentó a once el número de autonomías que mostraron su oposición a incluir al lobo en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lesrpe). A las cuatro primeras, se unieron ahora País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia Andalucía, Navarra y la ciudad autónoma de Ceuta.

 

Desde ASAGA entendemos como imprescindible que el Ministerio, empezando por la titular de la cartera, Teresa Ribera, recapacite y escuche lo que le están pidiendo la mayoría de las autonomías del estado (España cuenta con 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas). De la misma forma que le transmitieron hace dos días estas once regiones, nuestra asociación cree que el Gobierno debería paralizar esta propuesta, por lo menos hasta que se apruebe con el consenso necesario la nueva “Estrategia nacional de gestión y conservación de la especie”.

Ya son once las autonomías que le pidieron al ministerio que paralice la inclusión de esta especie en el Lesrpe

 

Las comunidades más afectadas deben decidir

La Asociación Agraria de Galicia considera que antes de que el Ministerio tome una decisión de esta importancia debe consensuarla con todas las autonomías en general, y con las más afectadas en particular. Y es que no debemos olvidar que el 95% de las poblaciones de lobo de todo el país se encuentran en las regiones ubicadas al norte del río Duero. Hasta este momento, son ellas las que están asumiendo en solitario la gestión cinegética de esta especie. Por su experiencia en la materia, son estas autonomías las que están más capacitadas para decidir cual debe ser el nivel de protección del lobo.

Por todo lo dicho anteriorente, ASAGA espera que el Gobierno español rectifique y que las comunidades autónomas no se vean obligadas a recurrir a la vía jurídica, como ya adelantó la conselleira de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez.